Diputados de todas las fracciones del Congreso de Nuevo León condenaron el aumento del costo del transporte público, que pasó de 12 a 15 pesos, aprobado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) del estado y que se ha visto reflejado en el pago por medio de la plataforma Urbani.
Legisladores de partidos como el PAN, PRD, PT, PVEM y Morena consideraron el incremento como una medida injusta e insensible que afecta directamente a la economía de los ciudadanos. Ante este “tarifazo”, exigieron que se revierta la decisión y advirtieron que llevarán el tema al Pleno si es necesario.
Perla Villarreal, coordinadora del PRD, calificó la medida como “insensible” y pidió que el gobierno estatal considere el impacto en el bolsillo de los usuarios. Por su parte, Ailé Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, expresó que se peleará desde la Cámara para que el aumento tarifario sea anulado. Para Tamez, la decisión tomada por el IMA fue unilateral, arbitraria, y sin un análisis adecuado de las condiciones de las unidades de transporte.
Los legisladores argumentaron que el incremento es injustificado, pues no solo no se ha cumplido con la renovación de unidades ni se han implementado mejoras en el servicio, sino que el incremento corresponde a las mismas unidades y rutas. Para muchos, el aumento representa una carga adicional para los ciudadanos sin ofrecerles ningún beneficio a cambio. La diputada Grecia Benavides, de Morena, rechazó el alza y denunció la falta de transparencia en el proceso de reclasificación de rutas, lo cual consideró como un acto de negligencia hacia la ciudadanía.
Congreso Rechaza Aumento de Tarifa en Urbani
Las críticas hacia el aumento en las tarifas se dieron desde distintas bancadas. Rocío Montalvo, representante de Movimiento Ciudadano, expresó su rechazo al uso de “lagunas legales” para justificar el aumento y señaló que el bolsillo de los usuarios es el más afectado ante esta medida. Montalvo también cuestionó el proceso de reclasificación de rutas, que consideró como una decisión arbitraria y carente de sustento.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, se unió a las voces que demandan que el incremento sea revertido. En su opinión, el gobierno estatal no consideró las necesidades de los usuarios y tomó una decisión que afecta de manera desproporcionada a quienes dependen del transporte público. Según De la Fuente, los legisladores tienen la responsabilidad de actuar en defensa de la ciudadanía y buscará todas las vías legales para revertir esta medida.
La coordinadora del PVEM, Claudia Chapa, también cuestionó la legalidad del aumento y pidió al IMA que detenga el alza hasta que se haya discutido en el Pleno. Chapa argumentó que cualquier decisión sobre tarifas de transporte público debería involucrar a los ciudadanos y tomar en cuenta las condiciones económicas actuales, especialmente en un contexto de recuperación tras la pandemia.
Congreso Mandar Hacer una Revisión Legal y Consideran Posibles Sanciones
Además de rechazar el aumento tarifario, algunos legisladores han solicitado una revisión legal de la medida. Lorena de la Garza, diputada del PRI, indicó que su equipo jurídico está evaluando si el tarifazo representa una violación a los derechos de los usuarios y si es posible aplicar sanciones contra el gobierno estatal. De la Garza calificó la medida como una “triquiñuela” y afirmó que se tomará en serio cualquier irregularidad que se detecte en el proceso.
El PRI, a través de un comunicado, reiteró su postura en contra del aumento y adelantó que, de ser necesario, impulsará acciones legales para anular la decisión. La bancada priista señaló que el incremento es un abuso y representa una muestra de “saña” por parte del gobierno estatal hacia los ciudadanos. Otros diputados, como Javier Caballero, han cuestionado abiertamente el proceso que llevó al aumento y han exigido que el gobierno explique los motivos detrás de la reclasificación de rutas.
Con estas posturas, los diputados de Nuevo León se prepara para enfrentar una batalla legislativa y legal contra el incremento de tarifas en el transporte público, en defensa de los intereses de la ciudadanía.
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