La coalición de las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Congreso local de Nuevo León anunció su intención de proponer tres juicios políticos en contra del Gobernador Samuel García. La propuesta busca abordar las 16 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en las cuales se solicita al Congreso local sancionar al mandatario estatal por diversas faltas. Ayer, la diputada Lorena de la Garza, representante del PRI, dio a conocer esta iniciativa luego de una reunión “plenaria” donde se encontraron presentes legisladores de estas tres fuerzas políticas, quienes acordaron avanzar con la propuesta para llevar a juicio político al Gobernador.
Sentencias y faltas señaladas
El Tribunal Electoral, a través de su Sala Superior y la Sala Regional Especializada, emitió las 16 sentencias en las que se identifica al Gobernador como responsable de diversas infracciones. Entre los señalamientos están el uso indebido de recursos públicos, la violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en procesos electorales, así como el empleo de propaganda personalizada y la utilización indebida de símbolos religiosos en contexto político. Ante este panorama, De la Garza destacó que el Congreso local tiene facultades limitadas para aplicar sanciones en estos casos, ya que la única vía aplicable es el juicio político, siendo posible sancionar solo mediante inhabilitación o destitución.
“Nos piden sancionar al Gobernador”, indicó De la Garza, explicando que las sanciones que puede implementar el Congreso son exclusivamente de tipo político. Es decir, mediante un juicio político que derive en la inhabilitación del cargo y/o la destitución del funcionario público. Esta medida busca, según la legisladora, asegurar que las irregularidades señaladas no queden sin respuesta legislativa. La coalición PAN-PRI-PRD determinó, por tanto, que dividirá las sentencias en tres juicios políticos: uno para abordar cuatro de las sentencias, otro para seis y un tercer juicio para las seis restantes.
Inhabilitación y destitución, las únicas sanciones posibles
De ser aprobada la propuesta de la coalición, la única medida disciplinaria que podría aplicarse sería la inhabilitación o destitución del Gobernador Samuel García, con una inhabilitación de hasta 20 años para ocupar cargos públicos. No obstante, la propuesta aún no es oficial, y la Comisión Anticorrupción deberá analizar y votar la solicitud en bloque presentada por PAN, PRI y PRD. A decir de la diputada De la Garza, la presentación de los juicios políticos busca en gran medida responder a las sentencias del Tribunal Electoral, que solicitan un castigo claro ante la posible falta de neutralidad y la vulneración de normas electorales durante el mandato.
La aplicación de esta sanción, que corresponde únicamente al juicio político, representa una medida disciplinaria limitada en el contexto legislativo, ya que el Congreso no cuenta con la facultad de imponer otro tipo de castigos para las faltas en este ámbito. Las tres bancadas, sin embargo, aseguraron que proceden en este sentido con el fin de mostrar que las fallas señaladas por el Tribunal Electoral no quedarán sin consecuencias. Así, la bancada de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática pretende exponer ante la Comisión Anticorrupción el conjunto de resoluciones en bloque, dejando a la Comisión la decisión sobre la procedencia de los juicios.
Juicios políticos adicionales en trámite
Cabe destacar que los tres juicios políticos por faltas graves electorales serían independientes de otros cinco juicios políticos solicitados anteriormente en el Congreso contra el Gobernador. Estas cinco solicitudes previas incluyen acusaciones de incumplimiento de obligaciones tales como la no publicación de decretos, violaciones reiteradas a la Constitución, y la falta de presentación a tiempo de los Presupuestos de 2023 y 2024. Además, el Gobernador ha sido señalado en diversas ocasiones por temas de incumplimiento a disposiciones legales y administrativas, sumando así más causas a las posibles sanciones en su contra.
La presentación de esta nueva serie de juicios políticos refleja, según las bancadas opositoras, un esfuerzo por enfatizar la gravedad de las acusaciones y hacer frente a una supuesta mala gestión que afecta directamente a los ciudadanos de Nuevo León. La coalición de PAN, PRI y PRD sostiene que los errores y fallas en el desempeño del Gobernador son cuestiones que deben ser evaluadas a profundidad por el Congreso local, subrayando la importancia de actuar en defensa del marco legal y la transparencia en la administración pública.
Postura de los legisladores ante el proceso
Los legisladores de estas tres bancadas señalaron en diversas declaraciones que las acciones del Gobernador ameritan una revisión seria. Consideran que la conducta en temas de recursos públicos y la presunta promoción personalizada con fines electorales son incompatibles con las responsabilidades de un líder estatal. Afirman que la presentación de estos juicios políticos es una medida de responsabilidad por parte del Congreso de Nuevo León, con el objetivo de cumplir con las indicaciones del Tribunal Electoral y sancionar las irregularidades encontradas en los 12 hechos detallados en las 16 sentencias.
En esta ocasión, la diputada De la Garza reiteró que los diputados de la coalición cumplirán con el proceso establecido, llevando su propuesta ante la Comisión Anticorrupción para su revisión. Explicó también que, pese a que los procesos serán complejos y pueden extenderse por varias semanas, el compromiso de los legisladores es total. Por su parte, otros integrantes de la bancada del PRI expresaron que la decisión de proceder con los juicios políticos es una cuestión de responsabilidad legislativa y un llamado a que el Gobernador rinda cuentas por las acciones señaladas por el Tribunal.
Los legisladores insistieron, además, en la importancia de que la ciudadanía esté informada y comprenda el impacto de este proceso. Según su perspectiva, el impulso a los juicios políticos responde no solo a un deber institucional, sino también a la necesidad de salvaguardar el sistema democrático y la imparcialidad que debe regir en el uso de recursos y en la administración pública en general. En ese sentido, la bancada del PRI, PAN y PRD asegura que la medida tomada en bloque es fundamental para fortalecer la credibilidad de la institución legislativa y el control de transparencia.
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