El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha interpuesto una denuncia penal en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, debido al reciente incremento en las tarifas del transporte público en el estado. Esta acción, liderada por el secretario de Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Francisco Cienfuegos, busca no solo frenar lo que consideran un “tarifazo” arbitrario, sino también responsabilizar a otros altos funcionarios estatales involucrados en la decisión, como el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal. La denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía de Anticorrupción y apunta a que el alza de precios fue aprobada sin el debido proceso legal y sin consultar al Comité Técnico correspondiente, violando así las disposiciones de la Ley de Movilidad Sostenible.
Cienfuegos sostiene que este aumento en las tarifas afecta directamente la economía de las familias y podría ser constitutivo de delito al no respetar los procedimientos que exige la ley. Acompañado por las diputadas federales Asia Gómez y Anita González, el legislador enfatizó que esta medida busca justicia para la población que, en su opinión, está siendo perjudicada por una decisión unilateral e injustificada por parte de la administración estatal. Además, subrayó la importancia de hacer valer la ley y proteger el bolsillo de los ciudadanos.
Exigen sanción para funcionarios estatales
Además de dirigirse contra el gobernador Samuel García, la denuncia presentada por el PRI incluye a Javier Navarro, secretario General de Gobierno, y a Hernán Villarreal, secretario de Movilidad. Ambos funcionarios desempeñaron un papel clave en la reciente decisión de aumentar las tarifas del transporte público en Nuevo León, medida que ha generado indignación entre la población y ha sido calificada de arbitraria y lesiva para la economía familiar.
Según el PRI, la Ley de Movilidad Sostenible establece en su artículo 30 que cualquier ajuste en las tarifas del transporte público debe ser aprobado por un Comité Técnico especializado. Sin embargo, aseguran que esta disposición fue ignorada por los funcionarios estatales, quienes procedieron con el alza tarifaria sin la consulta previa. Esta omisión, de acuerdo con el PRI, representa un incumplimiento de la ley que debería ser sancionado conforme a lo estipulado en el Código Penal del estado.
Cienfuegos explicó que, de acuerdo con el artículo 208 del Código Penal, esta falta de respeto a los procesos establecidos podría ser considerada como un ejercicio indebido de funciones. Los funcionarios responsables podrían enfrentar penas que van de uno a siete años de prisión, dependiendo de la gravedad de la falta y las implicaciones de su actuar. La denuncia busca no solo revertir la medida, sino también establecer un precedente que evite futuros incrementos sin el debido proceso legal.
Impacto en el bolsillo de los ciudadanos
Para Cienfuegos y el PRI, este incremento en las tarifas de transporte representa una carga financiera desmedida para los ciudadanos de Nuevo León, especialmente en un contexto económico donde muchas familias ya enfrentan dificultades. El aumento, consideran, no solo es un golpe directo al bolsillo de las familias de menores ingresos, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración estatal.
Cienfuegos argumentó que una de las principales responsabilidades de los funcionarios es defender la economía de los ciudadanos y tomar decisiones que beneficien, y no perjudiquen, a la comunidad. En sus declaraciones, enfatizó que el gobierno estatal debería buscar alternativas para mejorar el sistema de transporte sin afectar a los usuarios, quienes ya enfrentan otras alzas en los precios de productos y servicios básicos. Además, reiteró que el incremento de tarifas en transporte público podría haberse evitado de haberse cumplido con el procedimiento que establece la ley, lo cual probablemente habría llevado a una resolución distinta.
El legislador también señaló que este tipo de decisiones no pueden ser tomadas “de un plumazo” sin considerar las implicaciones que tienen en la población. Según sus palabras, el Comité Técnico mencionado en la Ley de Movilidad Sostenible, al cual se debería consultar antes de cualquier aumento, probablemente se habría opuesto a esta alza de tarifas. Para Cienfuegos, es crucial defender a la ciudadanía y asegurar que no se le impongan cargas adicionales sin justificación adecuada ni consulta previa.
La importancia de respetar la ley
La denuncia presentada por el PRI no solo busca revertir el incremento tarifario, sino que también aspira a reforzar el cumplimiento de las normas y garantizar que los procedimientos establecidos por la ley sean respetados. Cienfuegos afirmó que los funcionarios no pueden actuar de manera arbitraria, y que el respeto a la Ley de Movilidad Sostenible y a la participación del Comité Técnico en decisiones tarifarias es fundamental para proteger a la ciudadanía de abusos y decisiones unilaterales.
Para el PRI, la presentación de esta denuncia penal no es solo una cuestión de política, sino de responsabilidad social y ética. Francisco Cienfuegos subrayó que es deber de los servidores públicos actuar en beneficio de la comunidad y seguir los lineamientos que rigen sus funciones, de lo contrario, los ciudadanos tienen derecho a exigir rendición de cuentas. En este caso, el legislador considera que el aumento en las tarifas de transporte se dio sin la transparencia debida y con una falta de respeto hacia el marco legal.
La acusación de ejercicio indebido de funciones busca que se establezca un precedente en Nuevo León, donde los servidores públicos cumplan con la ley y eviten tomar decisiones unilaterales que afecten a la ciudadanía. Al presentar esta denuncia ante la Fiscalía de Anticorrupción, el PRI aspira a reforzar el mensaje de que ningún funcionario está por encima de la ley y que cualquier transgresión será perseguida conforme a derecho.
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