La presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, Lorena de la Garza, se mostró clara y firme en su postura respecto al proceso de juicio político en contra del gobernador Samuel García. A pesar de la lenta evolución de este proceso, la diputada priista aseguró que las sanciones contra el mandatario por diversas irregularidades procederán, aunque el camino hacia su resolución es complejo y prolongado.
En una entrevista exclusiva con Reporte Indigo, Lorena de la Garza explicó que, durante su tiempo en la legislatura pasada, ella y su familia fueron objeto de una serie de ataques directos por parte del gobierno estatal, los cuales incluyeron la clausura de negocios. Estos ataques, según la diputada, continúan hasta el día de hoy, aunque en su mayoría de manera digital. A pesar de los obstáculos, la presidenta del Congreso dejó en claro que la sanción al gobernador sigue siendo una prioridad para el Congreso.
De la Garza también comentó sobre el contexto de estos ataques, detallando que en su momento, ella y su familia fueron blanco de al menos 34 acciones hostiles por parte de la administración estatal. Entre ellas se incluían las clausuras de algunos de sus negocios y otras medidas represivas. Sin embargo, la legisladora dejó en claro que estas dificultades no han mermado su determinación para seguir adelante con su trabajo legislativo y, en particular, con la exigencia de que se lleve a cabo el juicio político contra el gobernador Samuel García.
La denuncia contra Samuel García y las pruebas legales
Lorena de la Garza fue enfática al señalar que existen al menos 17 denuncias y resolutivos en los que se señala al gobernador de haber violado la ley. Según la diputada, el Tribunal Electoral Federal (TEF) ya se ha pronunciado al respecto, ordenando al Congreso local que imponga una sanción por las acciones ilícitas del mandatario. De acuerdo con los resolutivos, el gobernador estaría involucrado en conductas que ameritarían una acción sancionadora por parte del poder legislativo.
“El Tribunal Electoral nos ha remito las denuncias, y ha señalado que Samuel García cometió varios delitos. Esas denuncias nos han sido entregadas, y es nuestra responsabilidad como Congreso imponer una sanción adecuada”, indicó Lorena de la Garza.
Sin embargo, la única sanción que el Congreso tiene facultad para imponer es el juicio político, pues las cuestiones penales y administrativas no entran dentro de su jurisdicción.
La presión popular y la difícil tarea del Congreso
La presión de la ciudadanía para que el juicio político se concrete es algo que Lorena de la Garza reconoce y comparte. Desde su campaña en el Distrito VIII, la diputada explicó que ha escuchado constantemente a los ciudadanos que exigen sanciones contra el gobernador. Muchos de los reclamos se centran en lo que consideran una gestión errática e incluso corrupta de la administración estatal.
“La gente está cansada de la forma en que se ha gobernado, muchos nos preguntan cómo es posible que alguien que ha desviado recursos, que ha robado terrenos y que ha utilizado dinero público para fines electorales no haya sido sancionado aún”, señaló De la Garza.
Además, la legisladora hizo referencia a las denuncias públicas que han circulado sobre el desvío de recursos, el uso indebido de terrenos y otros actos que han levantado suspicacias sobre la integridad de la administración de García. No obstante, la diputada también es consciente de que el proceso para sancionar a un gobernador no es sencillo, especialmente cuando existen recursos legales que protegen a figuras como el gobernador y sus funcionarios de la administración pública.
“El gobernador tiene protección por el fuero, y sus secretarios también se ampararon, lo que complica aún más el proceso”, explicó De la Garza, quien se ha visto obligada a enfrentar varios obstáculos legales en su intento de llevar el juicio político a buen puerto.
La diputada reconoció que los procedimientos judiciales y los amparos interpuestos por el Ejecutivo local han retrasado significativamente el avance de este proceso, lo que ha generado frustración tanto en ella como en los ciudadanos que exigen justicia.

La relación entre el Congreso y el Gobierno del Estado
Lorena de la Garza fue tajante al afirmar que el conflicto entre el Congreso y el gobierno estatal es completamente real, a pesar de que algunos sectores han intentado minimizarlo. El Congreso, bajo su liderazgo, ha intentado abordar los temas relacionados con el juicio político y la rendición de cuentas por parte del gobernador, pero las dificultades legales y políticas han sido significativas.
De la Garza subrayó que, si bien el Congreso puede tomar la decisión de iniciar un juicio político, el verdadero control sobre el conflicto recae en el gobernador, quien tiene la capacidad de cambiar el rumbo con una actitud diferente hacia la ley y los intereses de la ciudadanía.
“La llave para resolver este conflicto está en manos del gobernador. Es él quien debe presentar un presupuesto justo, cumplir con la Ley de Egresos y, sobre todo, respetar las leyes que rigen la distribución de recursos”, afirmó la diputada.
Esta declaración subraya la complejidad de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, donde cada uno tiene un rol clave, pero también ciertos límites que dificultan la resolución de los conflictos. La situación actual plantea un escenario complicado, en el que las expectativas de la ciudadanía no siempre coinciden con las realidades políticas de la entidad.
El futuro del juicio político y las expectativas de 2025
Con la cercanía de la discusión sobre el presupuesto de 2025, otro de los temas candentes que enfrenta Lorena de la Garza es la confianza que el Congreso debe depositar en el gobernador para cumplir con sus promesas y compromisos. Ante las peticiones de mayor transparencia y justicia por parte de la ciudadanía, la diputada no ocultó su escepticismo hacia Samuel García. Aunque expresó su esperanza de que el gobernador demuestre lo contrario, De la Garza no tiene plena confianza en que García cumpla con su palabra.
“Mi confianza en él es nula. Espero equivocarme, pero la situación actual me lleva a pensar que su gestión seguirá por el mismo camino. Él tiene la responsabilidad de demostrar lo contrario. Ojalá que me equivoque”, sostuvo De la Garza, quien también hizo referencia al paquete de deuda que está solicitando el gobierno estatal.
Esta deuda, según ella, podría ser aprobada en cualquier momento del año, y el Congreso deberá evaluar su viabilidad antes de dar el visto bueno.
Una de las dudas que más me escriben en redes es “¿Qué onda con el juicio político contra el gobernador Samuel García? Y mi respuesta es siempre la misma: estamos trabajando en ello, siguiendo el proceso que marca la ley pero convencidos de llevarlo a cabo, pues cualquier… pic.twitter.com/3yaM3uOOm3
— Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) October 28, 2024
Juicio político, un proceso largo y complejo
Lorena de la Garza aclaró que el proceso de juicio político contra Samuel García no es sencillo y que no se resolverá en el corto plazo. El procedimiento implica una serie de votaciones tanto en comisiones como en el Pleno del Congreso, y una vez que se tome una decisión, el asunto deberá pasar por el Poder Judicial, donde también se deberá ratificar la decisión del Congreso. Además, si se aprueba el juicio, aún quedaría pendiente la elección de un gobernador interino, lo que añade un nivel más de complejidad al proceso.
“Este proceso lleva tiempo, y hay muchos pasos por recorrer. Primero tenemos que votar en comisiones, luego en el Pleno, después pasar a la revisión del Poder Judicial, y si todo sigue su curso, se enviaría a la Fiscalía”, detalló la diputada.
Aunque el camino hacia un juicio político no es fácil, De la Garza ha reafirmado su compromiso con la transparencia, la justicia y la responsabilidad hacia los ciudadanos de Nuevo León. Aunque el proceso puede ser largo, sigue siendo una de las prioridades de la legislatura y, en última instancia, de la población.
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